Una polémica que no descansa

|| Opinión
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La ley N° 13.441, más conocida como ley de descanso dominical, sigue moviendo el avispero político y, últimamente, judicial. La norma, aprobada en noviembre de 2014 en la Legislatura provincial, suscitó rechazos y adhesiones desde su génesis.

Histórica reivindicación de los mercantiles, que citaron a Alfredo Palacios y su proyecto de Descanso Dominical, aprobado hace más de 110 años en el Congreso de la Nación, el debate dividió aguas entre los que defienden una conquista laboral y los que argumentan que la ley es inconstitucional, y que incluso resulta contraproducente para los trabajadores.

Así, el itinerario desde marzo del 2016, cuando el Concejo adhirió a la normativa provincial, estuvo signado por tensiones, aprietes, despidos y presentaciones judiciales. En ese marco, la ley entró en plena vigencia el 1 de julio. Sin embargo, el debut fue con incumplimiento por parte de las grandes cadenas, que desoyeron, incluso, la advertencia de sanciones por parte de las autoridades ministeriales encargadas de fiscalizar.

Acorde con los tiempos que corren de judicialización de la política, las grandes cadenas ya adelantaron que “agotarán todas las instancias” para frenar la ley, aduciendo una pérdida de ganancias y una supuesta imposibilidad de reubicar trabajadores, casi como autojustificando cesantías a días de que la ley entrara en vigencia.

Al frente de esta movida extorsiva estuvo Coto que, con acciones de patoterismo, utilizó a los trabajadores como carne de cañón para plantear sus posturas. Si bien es cierto que hay personal que perderá horas extra, nada justifica enviar telegramas que, de manera provocativa, fueron para empleados recientemente contratados.

Con este panorama, la cadena nacional realizó una presentación de “no innovar”. Es decir, pretendía mantener el estado de situación previo al 1 de julio. Esto fue rechazado en primera instancia por la jueza Marcela Gentile. La empresa apeló y fue a la Cámara de Apelaciones, que habilitó la feria judicial para tratar el tema, y será la misma Cámara la que defina sobre la cuestión de fondo.

Más allá del derrotero judicial de la norma, queda claro que hubo errores de cálculo a la hora de evaluar el impacto de la medida tanto sobre la actividad económica como en las repercusiones directas hacia los trabajadores.

Nada justifica las intimidaciones, con presencia de patovicas y barras bravas, para presionar sobre legisladores. No obstante, la misma norma, que solo se aplica para las superficies comerciales superiores a 1200 metros cuadrados, crea trabajadores mercantiles de primera y de segunda, ya que los empleados de otros centros comerciales sí tienen que trabajar los domingos.

Se entiende el espíritu de la ley, que fue reivindicar la posibilidad de que los mercantiles pasen los domingos con sus familias. Sin embargo, esa impronta se da de bruces con el objetivo de cuidar las fuentes laborales en un contexto de recesión económica o de potenciar a la ciudad como destino turístico. Quizá la falta de consensos en determinadas instancias explique esta excesiva litigiosidad de una norma sancionada por la Legislatura provincial.

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