Un cambio, de blanco a negro: Aumentó un 40% el trabajo no registrado

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Los datos fueron revelados por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Se realizó un comparativo del primer semestre de este año con el de 2015. Muchas empresas para evitar los despidos optan por esto y otros tantos empleados prefieren resignar derechos para conservar sus fuentes de trabajo.

Hacía tiempo que no se veía una crisis como la actual. Donde los sueldos no alcanzan y ni qué hablar de lo que son las facturas de los servicios. Esta situación crítica de alguna forma u otra repercute en el empleo de los argentinos. El Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) realizó un sondeo y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado en referencia al mismo período de 2015 hubo un aumento del 40 por ciento en el trabajo en negro. Muchso son los factores que llevaron a este número, entre ellos, los despidos masivos, en el ámbito público y privado, la baja rentabilidad de las pymes y la inestabilidad económica favorecieron la precariedad contractual.

El Presidente del organismo de estadísticas, Miguel Ángel Calvete, detalló que el trabajo se realizó en base a un cuestionario elaborado sobre 816 pymes ubicadas en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, La Matanza, San Martín, Rosario, Santa Fe Capital, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Además se celebraron relevamientos de campo en vía pública y en diferentes Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES.

Sobre el total de las firmas encuestadas, puntualmente el estudio se ejecutó sobre un 38 % de empresas de comercios y servicios, un 16 % del sector metal mecánico, un 13 % del ámbito textil, un 12 % del rubro gastronómico, un 11 % del área de producción de plásticos y un 10 % ligadas a la industria química.

En el informe se detalla que un 29,3% de las pequeñas y medianas empresas consultadas reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 3 y 5 empleados promedio al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral. Además, el 13,3 % de las pymes afirmaron que celebraron con ese mismo promedio de empleados contratos de prestación de servicios trimestrales o semestrales a cambio de exigirles la inscripción en el régimen del monotributo.

Sobre ese total de pequeñas y medianas empresas, "el 32,2 % afirmó que lo hicieron para evitar la suspensión de los trabajadores, el 47,6 % para no despedirlos y 20,2 restante para  no llegar al quiebre definitivo".

A su vez, el 44% de las personas consultadas reconocieron que se quedaron "fuera del régimen de trabajo registrado en lo que va del año". Sobre ese total, un 27,4 % aseguró que perdió su fuente laboral en el ámbito público, y un 16,6 % afirmó que lo echaron de su empleo en el sector privado. En tanto, un 41,6 % de los consultados reconoció que volvió a insertarse en el mercado laboral, pero destacaron que lo hicieron bajo condiciones informales, mientras que el 58,4 % restante afirmó que aún sigue sin empleo.

Los datos relevados también dan cuenta de "una baja del 38,5 % en la evolución de los trabajadores cotizantes que permanecen registrados, es decir, aquellos que deberían haber obtenido aportes patronales en esos meses". En el caso de las Pymes, el 33,1 % reconocieron que deben todos los aportes jubilatorios y de obras sociales, y el 66,9 por ciento restante reconoce que adeuda varios períodos y que especula con la posibilidad de adherirse a una moratoria en lo que resta del 2016". En la mayoría de los casos, los pequeños empresarios afirmaron que  dejaron de pagar las cargas sociales "como mecanismo de financiamiento".

Según Calvete, estos datos muestran que "en los primeros seis meses se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes  y la caída del empleo registrado".

Según este estudio, "el 91, 6 % de los trabajadores dijeron que aceptaron estas nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos". Una forma clara de demostrar que ante el miedo de no poder llevar el pan a sus casas, resignan sus derechos.

Pese a este panorama negro, Calvete espera que con la Ley de incentivo Pyme, haya una “mejoría de cara a la segunda quincena de septiembre". Pero destacó que para que eso se haga posible, el Estado también debe poner su granito de arena y evitar los altísimos índices inflacionarios que existen.

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