Rosario tiene 70 mil inmuebles ociosos que impulsan el alza de los alquileres

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Ariel de D´Orazio de la Concejalía Popular explicó que se trata de una “clara” especulación basada en generar una suerte de stock de viviendas para provocar la suba. “Es necesaria una ley que regule y ponga un manto de justicia en la relación locador-locatario”.

El tema alquileres es siempre muy sensible para un importante sector de la sociedad que se ve absolutamente imposibilitado de acceder a un techo propio. El nuevo escenario político-económico de la Argentina, devaluación de por medio, no deja de preocupar a los inquilinos. Sin embargo, para Ariel D´Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina del Consumidor e integrante de la Concejalía Popular, hoy día lo que más impulsa el alza de los precios es la “enorme” cantidad de viviendas ociosas que hay en Rosario.

“Tenemos más de 70 mil viviendas vacías en Rosario y más de 80 mil en el Gran Rosario, esto habla a las claras de la especulación galopante que padece la ciudad en materia inmobiliaria. El hecho que haya tantas propiedades ociosas hace que los precios aumenten. La ciudad vivió un fenómeno de la construcción al que llamaron boom inmobiliario, pero muchos de esos departamentos no se volcaron al mercado, ni para vender ni para alquilar”.

En diálogo con RosarioNoticias.info, el referente de la Concejalía Popular explicó que la especulación se basa en generar una suerte de stock de inmuebles para provocar el alza de precios. “Con esta maniobra lo que hacen es que la demanda supere la oferta. Y no hablo de aquellas personas que tienen dos o tres departamentitos y quieren hacerse de un ingreso, me refiero aquellos que tienen 100 o 1000 propiedades, aunque suene increíble en Rosario hay gente con ese poder. Estos inversores, que en muchos casos usan la construcción para blanquear dinero, son los formadores de precios del mercado inmobiliario. Lo son tanto para los alquileres como para las ventas”.

D´Orazio cuestionó que el Estado permita que la cuestión se plantee como un negocio, que sea el mercado el que lo regule. “Los gobiernos deben entender que se trata de un derecho y deben garantizarle a los inquilinos el acceso a una vivienda desde lo económico y desde lo administrativo”.

Según un informe de la Concejalía Popular, entre 2003 y 2013 los salarios se incrementaron en un 675 por ciento, mientras que los alquileres subieron más de 1000.  D´Orazio manifestó que estos desajustes deben corregirse en el Congreso de la Nación. “Es necesaria una ley que regule y ponga un manto de justicia en la relación locador-locatario”.

Desde esa organización vienen pidiendo con insistencia la creación de un servicio público de alquileres, un registro único de contratos, un programa con el Banco Municipal para resolver las garantías y uno programa para construir vivienda pública en alquiler con el objetivo de regular el precio. Hasta ahora nada de esto fue tenido en cuenta por las autoridades.

 

 

 

 

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