Proyecto para que los super dispongan de productos de la economía popular

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La iniciativa es del edil peronista Eduardo Toniolli y contempla que las grandes superficies comerciales destinen un espacio exclusivo a los bienes producidos en cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos familiares y otras experiencias de autoempleo.

El concejal Eduardo Toniolli presentó un proyecto de Ordenanza que, de aprobarse, obligará a las grandes superficies comerciales de la ciudad de Rosario a destinar  un espacio exclusivo en su interior, para la comercialización de bienes producidos por unidades productivas de la economía popular como cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos familiares, y otras experiencias de autoempleo.

En contacto con la prensa, el edil peronista señaló que la iniciativa “apunta a fortalecer experiencias productivas, fundamentalmente de alimentos y bebidas, que no suelen acceder a los grandes canales de venta, mejorando su posibilidades de comercialización”, y agregó que “en el contexto económico recesivo que atraviesa el país es necesario que los gobiernos locales tomen medidas contracíclicas para paliar las consecuencias sociales” y que “alentar a las micro empresas y a organizaciones de la economía social sería un aporte enorme del Municipio en ese sentido”.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso de esos productores regionales a canales de comercialización masivos con gran penetración en el mercado (tipificados en la Ley Provincial 12.069 como grandes superficies comerciales), por intermedio de góndolas correctamente señalizadas y dispuestas a tal efecto, con medidas claramente tipificadas en el texto de la Ordenanza.

Asimismo propone la creación - en el ámbito de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local – de un Registro de Unidades Productivas Populares, que haga las veces de padrón de proveedores habilitados para que los supermercados, hipermercados y megamercados de la ciudad de Rosario puedan ponerse a tono con la nueva normativa.

Por último se les exige a estos últimos, que se abstengan de imponer a los proveedores de la economía popular requisitos habituales para los grandes productores de alimentos y bebidas, como el servicio de reposición externa o exigencias en la escala de las ventas, que redundarían en la imposibilidad fáctica de cumplimiento de la norma.

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