Imputan a Niembro y su socio por lavado de dinero

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La Procelac inició una investigación no bien se conoció la información periodística sobre la operatoria. Interviene el juez Sebastián Casanello.

El fiscal federal Ramiro González imputó a Fernando Niembro y Alberto Meza, su socio, en una causa en la que se investiga si hubo lavado de dinero a partir de los negocios hechos entre la administración de Mauricio Macri y el periodista deportivo.

Niembro- quien hasta hace días encabezaba la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires - fue dueño de la firma La Usina Producciones, que contrató con la CABA por más de 20 millones de pesos. Su socio era candidato suplente en la misma lista.

El diario Tiempo Argentino reveló el 1° de septiembre pasado una serie de contrataciones por parte de la administración de Macri que favorecieron a la empresa de Niembro por 23 millones de pesos.

Al día siguiente de la publicación de la primera noticia sobre el caso Niembro, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició  una investigación preliminar de oficio.

Una vez que la Procelac había iniciado su investigación la presidente del Bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Gabriela Alegre, aportó documentación sobre nuevos contratos cuestionados. El 11 de septiembre la unidad a cargo del fiscal Carlos Gonella presentó la denuncia que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Ramiro González. La causa lleva el número °9797/15 y está caratulada como "Rodríguez Larreta, Horacio y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

La denuncia de la Procelac analizada por González señalaba que "Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones SRL' por un monto total de $19,473,878,30" que nunca fueron otorgadas "a través del mecanismo de licitación pública".

También se denunció que la operatoria se hizo a partir de invocar "razones de urgencia, por lo que fueron salteados los mecanismos de la licitación pública". La denuncia -firmada por Carlos Gonella y uno de sus colaboradores, Milton Khaski- pidieron que, ante la sospecha de lavado de dinero, se acumule en la justicia federal el expediente que está en el juzgado de Instrucción 23 donde se investiga si hubo defraudación contra las arcas porteñas.

La denuncia describió las particularidades de la firma La Usina "... carecería de empleados a cargo, no posee página web (algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social), y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires". (Infobae)