“Haber dejado tantos contratados en el Estado fue temerario”

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Así lo expresó el abogado laboralista, Jorge Elías, quien cuestionó al gobierno anterior por no pasar a los trabajadores a planta permanente. Según explicó, por ley el empleado público tiene una garantía de estabilidad laboral, por lo que no puede ser despedido.

La ola de despidos llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri ni bien asumió la presidencia, destapó el debate sobre las condiciones de algunos trabajadores estatales y la gran cantidad de contratos laborales que se firmaron en la administración pública. La ley argentina le brinda al empleado público la garantía de estabilidad laboral, mientras que al privado solamente le ofrece una protección que es la indemnización por despidos. Es decir, que las cesantías son posibles porque el gobierno anterior decidió no pasar a planta permanente a miles de trabajadores.

El abogado laboralista, Jorge Elías, cuestionó la decisión del gobierno Cristina Kirchner de no trasladar a planta permanente a muchos trabajadores que hoy experimentan el amargo trago de pasar a engrosar la lista de desocupados. .

“El gobierno anterior debió haberlos nombrado bien, podría haber hecho las cosas de manera más prolija. Darles a los trabajadores, una carrera, una oportunidad. Es incomprensible dejar a una apersona que estuvo cinco años en un puesto de trabajo en manos de otro loco que lo deja sin trabajo. Es una temeridad”, dijo Elías en diálogo con RosarioNoticias.info.

El especialista explicó que por ley el empleado público tiene una garantía de estabilidad laboral  que “incluso viene de la Constitución”. Y resaltó que “al trabajador privado le brinda una protección que es la indemnización por despido”.

“Los despidos que se están dando tienen que ver las personas contratadas, pero podría ocurrir que también haya personas que no llegaran al año de estar en planta permanente, ya que esa garantía de estabilidad se da al año de estar trabajando en el estado. Eso se hace como para que el Estado tenga la posibilidad de decir este tipo no me gusta”, especificó Elías.  

Pese a ser algo ilegal, la renovación de los contratos es una práctica muy común en todos los estamentos del Estado, nacional, municipal y provincial. “Tanto en la provincia como en el municipio es que después de un tiempo pasar a los contratados a planta permanente. Es como una especie de antesala a la estabilidad laboral. Está claro que a nivel nacional durante estos años no pasó lo mismo”.

La realidad indica que el despido en el Estado no existe. Ningún empleado público puede ser echado a no ser que sea por causa justa, con un sumario de administrativo de por medio mediante el cual debe resolverse si es cesanteado o exonerado. La diferencia es que la primera figura le da la posibilidad de volver, la otro es inapelable.  

Consultado sobre las ventajas que tiene para el Estado tener contratados, Elías sostuvo que “por un lado se evita cuestiones vinculadas al tema presupuestario, se evitan los concursos y sobre todo da la posibilidad de incorporar a gente afín al gobierno de turno”.

“Esto es algo muy grave que está pasando en el sistema laboral argentino que nadie quiere arreglar porque todos los gobiernos sacan ventaja”, se quejó.

En cuanto a las indemnizaciones, la ley no las prevé para los trabajadores del Estado. Sin embargo, hace algunos años a Corte Suprema de la Nación habilitó algunas excepcionalidades.  “El máximo tribunal empezó a tener una especie de criterio de que algo había que pagarles, aunque sólo para los casos en que alguna repartición dejaran de funcionar y esos empleados no pudieran ser ubicados”.

Esto hace inferir que los cesanteados no percibirán dinero alguno, pero Elías no fue tan tajenta al respecto al sostener “es peleable”.

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