Fumigación con agroquímicos: entre la falta de controles y los casos de cáncer

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Vecinos de las localidades afectadas dicen que no se respetan los 500 metros de prohibición para las aspersiones aéreas. Es más, algunos manifiestan que se fumiga literalmente sobre sus casas. Preocupación por la gran cantidad de casos de cáncer. Cuando se reanuden las sesiones ordinarias, la Legislatura provincial deberá tratar la ley Bertero, que reduce, incluso, las restricciones actuales.

“Los productores están engañados. Se están muriendo y ellos lo saben”. Así, lapidaria pero contundente se manifiesta Andrea Druetta, docente que vive en Alvear, una de las tantas localidades santafesinas afectadas por las fumigaciones con agroquímicos. La problemática se ha ido instalando con fuerza en los últimos años en los que este modelo sojero-dependiente se adueñó del paisaje de los campos.

La ley 11.273, más conocida como ley de Fitosanitarios, es la que regula, de momento, el tema de las fumigaciones con agroquímicos. La norma, considerada de avanzada en su momento, establece un límite de 500 metros de restricción para fumigar cerda de las poblaciones urbanas. Además, especifica que no se puede aplicar este tipo de aspersiones cuando en las inmediaciones existan centros de enseñanza, salud o recreativos.

Todo puede cambiar, y no para mejor, si la ley Bertero, que cuenta con media sanción en Diputados, logra avanzar en la cámara alta. De ser así, habría una restricción de 200 metros desde los centros urbanos para las fumigaciones con agroquímicos mediante métodos terrestres y se reduciría a cien en caso de que exista una barrera forestal. Más allá del derrotero parlamentario, la realidad es que los vecinos denuncian que, literalmente, son fumigados a 20, 10 o 5 metros y que no hay inspectores que controlen el veneno que cae del cielo.

El colectivo Paren de Fumigarnos impulsó una iniciativa presentada por el ex diputado José María Tessa, que proponía prohibir directamente las fumigaciones aéreas y limitar a 800 metros las terrestres. No obstante, se impuso el proyecto de Bertero y ahora será la cámara alta la que decidirá si avala la iniciativa de la diputada socialista.

Una de las aristas acuciantes es que los vecinos no pueden registrar sus denuncias. “No está estimada la cantidad de denuncias porque hay una gran complejidad a la hora de asentarlas. Pedimos que se abra un área específica en materia ambiental, que instruya a los policías y a los fiscales en materia ambiental”, dijo a Rosarionoticias.info Victoria Dunda, representante de la red de abogados de la multisectorial Paren de fumigarnos.

Y agregó: “Aparte de los incumplimientos por parte de los productores, encontramos una gran falencia del Estado en hacer cumplir las normas y activar las denuncias penales. La policía no le da importancia a las denuncias, porque además no sabe qué hacer y así quedan todas cajoneadas. Ojala que se pueda rever este sistema de control por parte del Estado y ponerle límites a este genocidio por goteo”.

Similar panorama relata Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y coordinador de los campamentos sanitarios que se llevan a cabo en distintas localidades de la provincia. “La cantidad de inspectores para toda la provincia de Santa Fe no supera una quincena. Si uno tiene en cuenta la cantidad de denuncias de los vecinos respecto al no cumplimiento de las distancias reglamentarias hay una falla en la capacidad de control del Estado”, afirmó.

Hecha la ley, hecha la trampa

Verzeñassi estimó que la ley de Fitosanitarios, aprobada en 1995, era considerada “de avanzada” porque era de las pocas leyes que tenían “tanto cuidado con la salud”. Sin embargo, habló de la necesidad de readecuarla ya que desde que entró en vigencia “el uso de agrotóxicos creció más de un 848 por ciento”.

Dunda, en tanto, afirmó: “No es una mala ley, lo que pasa es que había que adecuarla a la realidad actual. Es una ley que se aprobó antes de que existieran los transgénicos resistentes al glifosato”.

Y agregó: “Así y todo la ley prevé varios pasos para la aplicación y límites concretos. No se puede aplicar ningún agroquímico donde hubiera escuelas, centros urbanos y centros recreativos dentro del ejido urbano. Esto es lo que está vigente y no se ha controlado desde el año 1995 hasta ahora”.

Con este panorama, se multiplican los casos de cáncer en las localidades que sufren este tipo de flagelo. Verzeñassi indicó que, precisamente, se encuentran abocados en un trabajo de investigación y relevamiento de datos, en un informe que se publicará a la brevedad. No obstante, adelantó que los casos de cáncer en Santa Fe superan “largamente la media a nivel nacional” y estimó que se debe a “alteraciones en el organismo a partir de la química que hoy se usa en la agroindustria”.

En esa misma línea, indicó que la discusión no se limita solamente al uso del glifosato y definió el modelo agroindustrial actual como “químico dependiente”.

“Nos encontramos con una diversidad de productos que superan los tres elementos químicos desafiando todas las leyes de la farmacocinética y la farmacodinamia que dicen que cuando se utiliza al mismo tiempo en un mismo organismo más de tres sustancias químicas, ninguno de los parámetros matemáticos te permite predecir el impacto de una molécula o de una sustancia química sobre un organismo, ya que la interacción entre más de tres moléculas no se ha estudiado nunca todavía. Ya aquí estamos utilizando cocteles con más de tres moléculas”, aseveró Verzeñassi.

A pesar de la falta de números concretos, hay casos que encienden la alerta. Tal es el caso de Alvear. Allí, un relevamiento de vecinos arrojó un total de 300 víctimas fatales de cáncer, en una población que no supera los cinco mil habitantes. Además, vecinos hablan de contaminación del agua y de alimentos.

Andrea Druetta, docente y vecina de Alvear, contó que se empezaron a preocupar al percatarse de la mortandad de los animales. “En nuestras casas se caían pájaros en nuestras cabezas. Pusieron un veneno muy potente y mataron a todos los animales” indicó. Al mismo tiempo manifestó que se hicieron denuncias pero “nadie controla los venenos que ponen” y alertó sobre el surgimiento de afecciones como asma, problemas de tiroides, diabetes y leucemia.

Druetta recibió amenazas e intimidaciones por enfrentarse a este tipo de hechos. En ese sentido, dijo que a muchos vecinos les ofrecieron dinero para que no hablaran. “No queremos dinero, queremos que por lo menos cumplan con la ley provincial de 500 metros”, señaló.

Con respecto a las restricciones a las fumigaciones sobre el ejido urbano, Druetta pintó un panorama desolador. “Nos fumigan a veinte metros. Además, las fumigaciones aéreas llegan a 35 kilómetros, con 500 metros no hacés nada. Los productores lo saben. Se están muriendo ellos y sus familias. Están engañados”, concluyó.

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