Fuerte resistencia al tarifazo en el servicio de agua

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Las organizaciones que participaron de la audiencia pública pusieron de manifiesto su oposición al incremento del 82% que promueve la provincia. Pidieron por un ente que tenga independencia del poder de turno. Advirtieron sobre un condicionamiento en la calidad de vida.

Este martes se llevó a cabo la audiencia pública para debatir el tarifazo en el servicio de agua. El gobierno de Miguel Lifschitz pretende un incremento del 89% para el 2017. En ese marco, todas las organizaciones se opusieron el exorbitante incremento. Teniendo en cuenta que el resultado del encuentro no es vinculante desde la Multisectorial a través de la figura de Juan Milito apelaron a que el mandatario provincial se sensibilice y “dé marcha atrás” con la decisión”. Por su parte, desde la Red Argentina de Consumidores pidieron por un órgano de control que sea verdaderamente del poder de turno.

“Venimos planteando que el 89 por ciento que se planifica en el 2017 no se verifica en los ingresos de ningún santafesino.  Este aumento va a condicionar la calidad de vida. La expectativa es que el gobierno de la provincia en la persona del gobernador se sensibilice con los reclamos de la población y dé marcha atrás”, manifestó Juan Milito integrante de la Multisectorial.

En tanto, el referente local de la Red Argentina de Consumidores Christian Galindo pidió que "antes de debatir cualquier ajuste de tarifas previamente el Estado provincial debe generar las condiciones para propiciar un debate amplio sobre un nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios”.

Para Galindo se debe derogar la Ley N° 11.220 “pensada para un prestador privado y salir de una vez por todas del modelo de prestación transitoria prorrogado sucesivamente sin justificación”.

La calidad del servicio y el accionar del ente regulador también se colaron en el debate. “Es necesario discutir  preliminarmente sobre la calidad del servicio, sobre las asimetrías existentes, así como también sobre un cronograma de obras que aseguren calidad y eficiencia en la prestación. Además se debería asegurar el funcionamiento de un organismo de control y regulación con autarquía y autonomía funcional, ya que hoy el ENRESS es un apéndice del Ejecutivo provincial lo que lo torna  incompatible con un efectivo y real  control”, reclamó Galindo.

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