El Ministerio de Trabajo pidió juicio político a jueces por el aval a la Bancaria

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En el seno del gobierno nacional, el apoyo que obtuvieron los bancarios respecto a su reclamo no cayó para nada bien. Por eso desde la cartera laboral acusaron a los magistrados de "mal desempeño, falta de idoneidad y negligencia grave por arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución".

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca, manifestó su malestar ante el aval que recibieron por parte de la Justicia los bancarios y por eso pidieron el juicio político a los jueces que determinaron que se debía cumplir el convenio firmado por dos de las cuatro cámaras empresarias.

Tras la amenaza por parte de los trabajadores bancarios de realizar un paro de actividades por 72 horas, la Justicia toó cartas en el asunto y definió que el acuerdo firmado debía hacerse efectivo. Ante de que finalice el 2016, los bancarios junto a las cámaras empresarias habían definido algunos beneficios para los empleados, como un bono de hasta $ 40.000 y un aumento de 24,3%, entre otros logros.

El año comenzó y el ministro Triaca no hacía cumplir el acuerdo por lo que lo trabajadores comenzaron con una serie de protestas, una de las cuales era dejar al país sin atención bancaria durante tres días. Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avalaron este convenio y pidieron en su fallo que el Ejecutivo "no interfiera" en la cuestión.

Ante este revés judicial, desde la cartera dirigida por Triaca solicitaron el juicio político de los jueces Graciela Elena Marino y Enrique Arias Gilbert, quienes fallaron a favor del convenio. Los acusan de "mal desempeño, falta de idoneidad y negligencia grave por arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución".

Los camaristas argumentaron que es una potestad ministerial la homologación de los acuerdos paritarios. El convenio establece un aumento salarial del 24,3%, superior al 18% que busca establecer la Casa Rosada.

Desde la Asociación Bancaria, aseguraron que la decisión del Gobierno es considerada como "un hecho de inusitada gravedad institucional". Además manifestaron su "solidaridad activa con los jueces que indudablemente estarían sufriendo un hostigamiento que violenta el orden constitucional".

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