Destinarán los u$s800 mil secuestrados a Antonini Wilson para fines sociales

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Nueve años después del secuestro de la valija ninguno de los imputados en la causa reconoció ser el propietario de ese dinero y nadie reclamó la devolución del 50% del monto incautado. La justicia investiga si incurrieron en el delito de lavado de dinero o de contrabando.

El juez en lo penal económico Pablo Yadarola ordenó el decomiso definitivo y "anticipado" de los dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson introdujo en el país en 2007. Dispuso que el dinero sea destinado a fines de utilidad pública para "reparar el daño causado a la sociedad". El magistrado pidió al jefe de gabinete de ministros que se establezca cual sería el mejor destino de los 790.550 dólares secuestrados.

El decomiso anticipado apunta a que el dinero "pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa", y podría ser destinado a salud o educación según defina el gobierno.

La medida fue pedida por la fiscal María Rivas Diez, quien dictaminó que después de nueve años "ninguno de los imputados en la causa reconoció ser propietario de la suma en cuestión y nadie reclamó la devolución del 50 por ciento del monto secuestrado".

En la investigación se había dictado "falta de mérito" del ex funcionario Claudio Uberti y los sobreseimientos, a Diego Uzcátegui Matheus y Daniel Uzcátegui Specht. Meses atrás la Corte Suprema de la Nación revocó esas resoluciones y ordenó profundizar el caso.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá pronunciarse si se cometió lavado de activos o el delito de contrabando, que tiene una pena mayor por lo que no cabría la prescripción.

Por su parte el juez Yadarola advirtió en su resolución los lineamientos del artículo 23 del Código Penal según el cual "en todos los casos en que recayese condena" la misma "decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho" o "ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios".

El Código dispone además que "en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal cuando se compruebe la ilicitud del origen o del hecho material al que se estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado". (Minutouno)

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