Crónica de otra muerte anunciada

|| Opinión
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Blindex, pago electrónico, corredores seguros. Las medidas se suceden y el panorama sigue siendo el mismo. Como en un constante déjà vu, el asesinato de Eduardo Piris volvió suscitar un debate que se repite, pero que no arroja resultados positivos. Ni los patrullajes, ni las medidas de fuerza, parecen traer clama a los trabajadores que siguen expuestos a este tipo de hechos de violencia.

A pesar de que los mismos taxistas venían sosteniendo que en las últimas semanas los delitos habían disminuido, hechos como estos conmocionan a sectores que exceden a los taxistas. Eduardo Piris, de 41 años, fue ultimado a sangre fría, con un disparo en la nuca en Gutenberg e Ituzaingó. Desde algunos sectores calificaron el hecho como “algo raro”.

Solapadamente, lo que sale a la superficie son las internas entre los distintos gremios que nuclean a los trabajadores del sector. La disputa, que incluso casi termina a los golpes en la sede de la Gobernación, desnuda un conflicto vinculado a las medidas de seguridad que el mismo José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), dijo que son “un negocio”.

En declaraciones temerarias, Iantosca no descartó, incluso, que el asesinato del chofer esté vinculado a implementar las medidas de seguridad, como la tarjeta MOVI y las cámaras de video. En ese sentido, dijo no tener “certeza” pero sí “dudas” cuando hay un “gran negocio detrás”.

En resumen, la cuestión de retirar el dinero de los coches es la divisoria de aguas dentro del sector. Por otro lado, cuando se habla de incorporar tecnología, como cámaras de seguridad, surge la reticencia de los titulares que descreen que las medidas reduzcan los hechos violentos. “Si me van a decir que la tarjeta va a brindar seguridad nos estamos mintiendo entre todos”, afirmó Iantosca.

Las divisiones, en cualquier sector de trabajadores, suelen perjudicar a los mismos. Máxime cuando se trata de resolver un problema sumamente complejo como lo es el delito y la inseguridad, que requiere de políticas públicas sostenidas en el tiempo. Es más, son los mismos taxistas quienes suelen remarcar que cada vez que se producen hechos como estos aumentan los patrullajes y los corredores seguros, pero cuando se aplaca la conmoción los controles se van volviendo progresivamente más laxos.

Por su parte, las autoridades provinciales acusaron recibo y fue el mismo ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien reconoció que este crimen fue “un golpe” para las políticas públicas que vienen desarrollando.

A pesar de que Pullaro tiene una impronta más territorial y una mejor política comunicacional que su antecesor Lamberto, las medidas y las reuniones no dan sus frutos. Mientras se sucedan los cónclaves y las declaraciones bienintencionadas se seguirán escribiendo este tipo de crónicas que, por lo anunciadas, no dejan de tener un fuerte impacto en una sociedad que reclama mayor seguridad, una de las grandes deudas del gobierno provincial.

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