De acuerdo a las últimas estadísticas, siete de cada diez accidentes en Santa Fe tienen como protagonista a un motociclista. Y entre los lesionados por estos choques, una buena cantidad son menores. La cifra marca a las claras el peligro que reviste circular en moto, la desidia de los conductores y la falta de control por parte de las autoridades. Esta sumatoria de factores, que se da a nivel nacional y no sólo en nuestra provincia, es la que determina que los accidentes de tránsito sean la principal causa de mortalidad en el país.
Con sólo unos minutos en una esquina se pueden comprobar las flagrantes violaciones a las normas de tránsito en las que incurren la gran mayoría de los motociclistas. Es común ver arriba de un pequeño rodado a un hombre con su mujer, sus hijos y hasta con algún padre suyo circulando lo más campante por calles repletas de vehículos. No conformes con llevar hasta a cinco personas arriba, a muchos no les importa pasar semáforos en rojo, ir de contramano o hasta transitar por la vereda. Pareciera que ellos están exceptuados de cumplir la Ley de Tránsito y tienen vía libre para hacer lo que se les ocurra.
Ni que hablar con el uso del casco. Casi nadie se lo pone y mucho menos los acompañantes del conductor. También están aquellos que sí lo llevan pero en vez de colocárselo en la cabeza se lo enganchan a su brazo, como si esa parte de su cuerpo fuera la más importante a proteger. Claro que lo hacen para tenerlo a mano por si aparece algún inspector, ante quien simulan ser precavidos conductores. Por supuesto que algunos sí cumplen con lo estipulado pero constituyen una minoría de los más de 400 mil que tienen una moto en la ciudad.
A esa enorme cifra de motociclistas se llegó por varias razones. En primer lugar por la deficiencia mostrada por el sistema de transporte público de pasajeros, por su lentitud y alto costo para las clases menos pudientes. Pero fundamentalmente por la facilidad con la que se puede adquirir una moto. Además de ser económicamente muy accesible, son muy pocos los requisitos que se exigen para convertirse en titular de un rodado. Hubo algunos intentos del municipio de endurecer su postura en el control de los mismos, y la prueba está en que más de 70% del corralón municipal está ocupado por motos. Pero esto no parece alcanzar.
Como en casi todos los aspectos, la solución podría llegar de la mano de una política integral que contemple al menos dos aspectos. En primer lugar, aplicar durísimas sanciones a quien circule sin casco, con varias personas arriba o que infrinja cualquier otra norma a la que están acostumbrados los motociclistas. Lamentablemente la idiosincrasia argentina marca que somos hijos del rigor y la prueba está en el éxito cosechado por los controles de alcoholemia, que ya cambiaron la actitud del conductor nocturno.
Pero a la par de esto, se requieren políticas activas para disuadir el uso de motos, exigiendo muchos más requisitos para la compra y fundamentalmente mejorando el nivel del transporte público. Por supuesto que para eso probablemente haga falta un subsidio mucho mayor del que actualmente brinda la Nación, tan habituada a retacear cualquier tipo de asistencia a las jurisdicciones con signo político opositor. Pero lo cierto es que sólo con colectivos y taxis eficientes y económicos el motociclista evaluará si vale la pena seguir arriesgando la vida en la calle, poniendo el cuerpo como carrocería.